Evaluación de impacto y análisis de riesgos
Todo tratamiento pide valorar sus riesgos para decidir las medidas de seguridad.
La evaluación de impacto es un paso más, obligatorio solo cuando el riesgo es probablemente alto, con un contenido mínimo fijado por el Reglamento. No debe confundirse con la evaluación de un agente de IA, que mide la calidad de sus respuestas.
Por qué importa
Poner un agente de IA a leer conversaciones de clientes es un tratamiento nuevo con una tecnología nueva.
Si además hay datos de salud o financieros, lo normal es que el departamento legal pregunte por la evaluación de impacto antes de aprobarlo. Tenerla hecha acorta esa conversación y deja por escrito qué límites se le han puesto al agente.
Cuándo es obligatoria
El artículo 35, apartado 3, del RGPD la requiere en particular en tres casos.
- Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales con tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, que sirva para tomar decisiones con efectos jurídicos o similares.
- Tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a condenas e infracciones penales.
- Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
La lista de la AEPD
La Agencia Española de Protección de Datos publica una lista orientativa de once criterios.
Según la propia lista, la evaluación es necesaria en la mayoría de los casos en que un tratamiento cumple dos o más. Estos cuatro son los que más aparecen en atención al cliente.
- Uso de categorías especiales de datos, o de datos que permitan determinar la situación financiera o la solvencia.
- Uso de datos a gran escala.
- Uso de nuevas tecnologías o uso innovador de tecnologías consolidadas.
- Decisiones automatizadas que impidan a una persona ejercer un derecho o acceder a un servicio.
Qué contiene
El artículo 35, apartado 7, fija un contenido mínimo de cuatro partes.
- Una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento y de sus fines.
- Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad del tratamiento.
- Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
- Las medidas previstas para afrontar los riesgos, con garantías y medidas de seguridad.
Quién la hace y qué pasa después
La hace el responsable del tratamiento, con el asesoramiento del delegado de protección de datos si lo tiene nombrado.
El proveedor, como encargado, aporta la información sobre su servicio. Si la evaluación muestra un riesgo alto que el responsable no puede mitigar, el artículo 36 obliga a consultar a la autoridad de control antes de empezar. La evaluación se revisa cuando cambia el riesgo del tratamiento.
